El asunto de los refugiados bascula entre lo político, lo social y lo mediático. Político porque las Administraciones -municipal, autonómica, estatal y comunitaria- gestionan la crisis más a la greña entre ellas que con entendimiento. Social porque la hemorragia no se cierra y la asistencia a los asilados sigue siendo tan necesaria como urgente. Y mediático porque es una materia que preocupa, que compromete y que genera encendidas declaraciones. En medio del alboroto se producen noticias que hablan por sí solas, sin estridencias. Como que Barcelona sea pionera en la atención a los demandantes de protección internacional que tuvieron que abandonar su país por su orientación sexual.
PROGRAMA NAUSICA
A la vivienda que administra esta entidad, en la que se cuentan siete plazas por las que ya han pasado unas 40 personas, se suman ahora otros dos pisos con un total de ocho plazas. Los pone el Ayuntamiento de Barcelona de la mano del programa Nausica de apoyo a los refugiados, un plan que ya han vendido en Madrid y Europa pero que sigue sin poder desplegar del todo sus alas porque las competencias no son locales. Por ahora, porque ese es el deseo del gobierno de Ada Colau, que la semana pasada solicitó ante la Unión Europea, una vez más, que los municipios tengan acceso a los fondos comunitarios destinados a la atención a asilados.
Estas ocho plazas municipales forman parte del paquete de 34 que el consistorio acaba de poner a disposición de los refugiados que abandonan el programa estatal de asilados. Sumadas a las 47 ya existentes, la ciudad ya cuenta con 81 camas para demandantes de protección que han quedado fuera del paraguas del Gobierno tras agotar los plazos de protección previstos, de hasta dos años si se consiguen todas las prórrogas. Si todo va bien, Barcelona terminará el 2017 con 100 plazas. Para todo ello, de momento, se han destinado 1,13 millones de euros, por encima del millón que el Govern prevé para su propio programa de atención a asilados.
En estos pisos municipales, los usuarios tendrán todos los gastos pagados durante un plazo máximo de 12 meses, en los que se realizará una doble tarea de integración social y laboral para conseguir el objetivo último del plan: que se conviertan en ciudadanos autónomos. En cuanto al mercado de trabajo, Araneda no es muy optimista respecto a las opciones del colectivo gay. «Si a un transexual de aquí ya le resulta muy complicado encontrar un empleo, imagínate cómo lo tendrá uno que viene de fuera». Extranjero y, como sucede en muchos casos, macerado en el trauma. Como el chico georgiano que tuvo que huir porque su propia familia quería matarlo tras conocer su homosexualidad de boca de una expareja despechada. A ese hombre, por cierto, el Estado español le denegó la condición de refugiado. Esa es otra de las cosas que las entidades aborrecen: el criterio bajo el cual se toma la decisión de quién cumple y quién no pasa el corte.
ESTADO CULPABLE
Barcelona se ha inspirado en Berlín en cuanto a la integración de los refugiados LGTBI. Explica Araneda que en Alemania existe un albergue con 200 plazas para este colectivo, y que en aquel país, algunos asilados agredieron a personas en su misma situación pero por razones de orientación sexual. Aquí, dice el presidente de Acathi, se han producido incidentes aislados. Nada grave.
El teniente de alcalde Jaume Asens ha sido el encargado este lunes de desgranar la hoja de ruta municipal, acompañado por el responsable de Inmigración, Ramon Sanahuja. El concejal ha incidido en el hilo argumental del consistorio: «Denunciamos la gestión opaca de los fondos europeos. El Estado recibirá hasta el 2020 unos 220 millones de euros para la acogida de refugiados y los destinará básicamente a la política de retorno y al control de fronteras».
Sobre el discurso de Jordi Évole en el concierto del pasado sábado a favor de los asilados, Asens ha asegurado que es el Gobierno central quien debería «sentirse interpelado» por las palabras del periodista, que afeó, a su manera, la inacción de la Administración. «Es el Estado quien está fallando en esta crisis». Sanahuja ha detallado que Nausica es un «recurso puente entre el programa estatal y la autonomía».
A todo esto, el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), dependiente del consistorio, ha incrementado este enero su actividad un 85% respecto al mismo mes del 2016. El crecimiento ha sido sostenido en estos últimos años. Según Sanahuja, entre otras cosas, «porque el mundo está peor que antes».
